La Corte Constitucional estableció un plazo de seis meses para que el Gobierno y la Registraduría Nacional del Estado Civil incluyan en los documentos de identificación del país la categoría “no binario” (que se reconoce con aspecto masculino y femenino, mas no por ser hombre o mujer).
El origen de la decisión se remonta al fallo de una acción de tutela a favor de Alelí Gael, estudiante de derecho, a quien en el Juzgado Cuarto Administrativo de Bogotá le otorgó derechos a la dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad, e identidad de género y personalidad.
“Lo cierto es que la creación de una nueva categoría de género para la persona que interpuso esta acción de tutela implica la transformación de las bases de datos administradas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, cuya información es interoperable en favor de personas de derecho público y privado. La apertura hacia a ella para un solo miembro de la ciudadanía altera su conformación y, en la práctica, tiene efectos más allá del caso concreto”: Gloria Ortiz, magistrada de la Corte Constitucional.
